Cuántas multas de la Comisión Europea a Google hacen falta para que la industria publicitaria nacional reaccione y deje de alimentar las malas prácticas de las grandes tecnológicas? Está más que demostrado que las sucesivas sanciones de Bruselas no van a frenarles. Sirva de ejemplo la última, de septiembre de 2025, que alcanza los 2.950 millones, una cifra sin apenas impacto en sus cuentas, pues supone un 0,9% de su facturación. ¿Y ahora qué?

¿Qué más tiene que suceder para que los anunciantes actúen? Ellos son los únicos agentes con capacidad para cambiar un modelo tóxico y pernicioso para la sociedad y el conjunto de los medios de comunicación, sostenido por las ingentes cantidades de dinero que destinan a los gigantes tecnológicos internacionales.

¿Están dispuestos los anunciantes a dar un giro a sus inversiones para contribuir así a la estabilidad y supervivencia de los medios locales, con arraigo nacional y conocimiento y cercanía de la sociedad en la que operan, como han comenzado a hacer en otros países de Europa?

La disyuntiva es clara. Pueden seguir financiando a unas plataformas que echan del mercado a los competidores con prácticas abusivas, se niegan a que sus métricas sean auditadas por terceros independientes, perjudican a la sociedad, especialmente a los menores, y fomentan la difusión de desinformación. O pueden redirigir la inversión a medios arraigados en España, responsables, confiables, transparentes, creadores de riqueza y empleo, con entornos seguros para menores y marcas, comprometidos con la veracidad y con una conexión privilegiada con los públicos de aquí.

En juego está el pluralismo, un ecosistema publicitario equilibrado, la supervivencia de los medios de comunicación y, por encima de todo, la construcción de una sociedad mejor.